Durante su intervención, Fabbi explicó que el expediente inició su curso a través del área de Obras Públicas, sin intervención directa del área Legal en su primera etapa, y que la "decisión política" de avanzar estuvo motivada por el aumento del banco de tierras municipal.

Asimismo, señaló que la Dirección de Planeamiento Urbano fue el área "rectora" hasta el momento de la firma del convenio, que este último sí fue redactado por la Subsecretaría de Legal y Técnica, incluyendo las obligaciones de ambas partes.

Según detalló, el privado debía ejecutar las obras de infraestructura —calles, red de electricidad y gas—, mientras que el Municipio asumió las gestiones administrativas necesarias para elevar el convenio al Concejo Deliberante y declarar el proyecto de interés social, en el marco de la Ley de Acceso Justo al Hábitat.

En relación con las consultas vecinales sobre la venta de lotes, el exfuncionario sostuvo que no se recibieron denuncias formales, aunque sí se acercaron "entre 10 y 15 personas a realizar consultas al Municipio". En ese sentido, remarcó que desde su área se "desalentó la compra", al advertir que el expediente aún estaba en estado inicial.

Según indicó fue a partir de esas consultas que junto a la entonces directora de Planeamiento, Florencia Marín, se difundieron gacetillas de prensa oficiales para alertar a la comunidad sobre la situación del proyecto. Fabbi aseguró que nunca constató la existencia de boletos de compraventa y consideró que, sin denuncias formales, el Estado "no tiene facultades para intervenir en operaciones entre privados".

Fabbi además afirmó no haber tenido contacto directo con integrantes del fideicomiso ni haber participado en la reunión donde se firmó el convenio.

Luego del testimonio del ex subsecretario Marcelo Fabbi, la Comisión de Infraestructura del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría recibió a la actual subsecretaria de Legal y Técnica, Verónica Martel, y a la directora del área, Ayelén Bahía.

Las funcionarias explicaron que, en un primer momento, el expediente fue retirado por el Ejecutivo del Concejo Deliberante para ser analizado ante “posibles irregularidades".

Posteriormente, se presentaron reclamos formales por parte de vecinos, los cuales fueron incorporados al expediente administrativo. En relación con esos casos, Martel señaló: “Nosotros no podemos hacer un análisis de los boletos, pero sí tenemos la obligación de poner esa situación en conocimiento del Concejo Deliberante”.

En ese sentido, enfatizó: “Debíamos advertirlo y no actuar como si no existieran. Había vecinos que habían comprado lotes y querían acceder a los mismos, por lo que debíamos darles una respuesta institucional”.

También informaron que se organizó una reunión general con los vecinos que habían adquirido lotes, con el objetivo de informarles sobre el estado actual del expediente y la constitución del fideicomiso en forma posterior.

“También nos reunimos con integrantes del fideicomiso para advertirles que había vecinos que habían iniciado un expediente manifestando que habían adquirido lotes en forma previa a su conformación”, indicaron.

Las funcionarias remarcaron la importancia de brindar transparencia institucional al proceso y de mantener informado al Concejo Deliberante sobre el avance del convenio y los reclamos recibidos, a fin de que se evalúe su tratamiento en el marco de la legalidad vigente.

MR