El pasado 15 de abril, un grupo de vecinos autoconvocados realizó la "sexta jornada ambiental" en el paseo Jesús Mendía. Según recuenta Acosta, se reunieron alrededor de las nueve de la mañana en el lugar para visibilizar una vez más el reclamo que sostienen desde 2022, el cual implica denuncias penales en la UFI N°10 de Olavarría.

Según Acosta, los inspectores se acercaron luego de unos momentos y labraron un acta de infracción donde daban cuenta del incumplimiento de la ordenanza 5136/23, la cual prohíbe la instalación de pasacalles en la vía pública. La persona a nombre de la cual se expidió el acta fue Martín Acosta, quien es el referente de este grupo de vecinos.

La situación derivó en un proceso en el Juzgado de Faltas que encabezan Luciano Blanco como juez y David Lloves como secretario. Finalmente, el viernes pasado, el Juzgado entregó la cédula de notificación a Acosta, donde se lo absolvía por “ruidos molestos” pero se lo “declaraba culpable” de incumplir la mencionada normativa. La multa corresponde a poco más de poco más de 660 mil pesos.

“Los carteles nuestros estaban ubicados en el suelo, atados de planta a planta, de poste a poste, en el paseo que Jesús Mendía”, explicó Acosta, y añadió que no debería haberse aplicado la ordenanza ya que, “valga la redundancia, los carteles no pasaban por la calle”.

“No hacemos esto porque tenemos ganas de complicarle la vida a ningún funcionario. Lo hacemos porque no encontramos respuestas de los que nos tienen que dar respuestas, arrancando por el Intendente, como también de los funcionarios judiciales”, expresó Acosta.

“Lo que han hecho es muy repudiable. Genera impotencia, indignación, Raya con la dictadura, porque nosotros no merecemos eso, porque a nosotros se nos ha condenado por hacer un bien”, denunció el ambientalista.

Vale recordar que el reclamo puntual de este grupo de vecinos, encabezado por Acosta, tiene que ver con la contaminación del arroyo en tres puntos de su recorrido: la planta de tratamiento de líquidos cloacales municipal, el relleno sanitario y el tratamiento de líquidos cloacales del Servicio Penitenciario. El curso de agua desde Olavarría llega hasta la ciudad de Tapalqué donde el recurso se utiliza para la red de agua potable, previa potabilización.

"Nosotros queremos que Coopeletric deje de contaminar, que en Rellenos Sanitarios pase lo mismo, y que las cárceles de Sierra Chica también paren de contaminar", indicó Acosta al aire de LU32.

"Desde la denuncia del 2022, si uno se sienta a la mesa y piensa en qué se ha podido avanzar, la verdad es que no encontramos nada. Solo un intento, en algún momento, cuando se creó una mesa de trabajo en el Municipio, a la cual no fuimos invitados, y después nada. La causa está paralizada, está en la UFI10, a cargo del doctor José Iturralde, y está paralizada, aún con todos los elementos probatorios que hay, porque tenemos elementos fílmicos, declaraciones testimoniales, tenemos análisis bacteriológico", señaló Acosta. 

“Hace más de tres años que estamos reclamando sobre la no contaminación del arroyo, y no hay respuesta de nadie, ni de la gestión anterior del señor Galli, ni de la gestión del señor Wesner”, reiteró Acosta.

“Esta persecución hacia vecinos de bien, autoconvocados, condenándonos a pagar multas, porque le molestó un pasacalle, es una locura, una locura total”, concluyó Martín Acosta, ambientalista y uno de los vecinos de Tapalqué autoconvocados para reclamar por la contaminación en el arroyo.

CB