"El hallazgo de cualquier persona sin vida en cualquier ámbito de detención, bajo la custodia del Estado, se presume siempre potencialmente ilícita", indicó Infante.

"Esto es así por mandato convencional y por diferentes compromisos internacionales que ha asumido el Estado argentino a la hora de acercarse y aproximarse al fallecimiento de una persona que se encuentra bajo la custodia del Estado y que, por tanto, el Estado resulta garante de su integridad física y de su vida. Hay que acercarse y aproximarse a la investigación de esa muerte desde esa sospecha por una manera de potencial ilicitud", explicó el abogado.

En sintonía, el abogado Infante indicó que en el cuerpo de Tamame se detectaron 22 lesiones:

"Lo que advertimos es que en el momento de la aprehensión, Gonzalo fue aprehendido por seis agentes de Policía de Comando de Patrulla que ejercieron una violencia innecesaria para el caso. Estamos hablando de testigos que dan cuenta de que una vez que Gonzalo ya había sido aprehendido, que ya se le habían puesto las esposas y estaba imposibilitado de moverse, recibió golpes de puño, patadas, mientras que a él se lo escuchaba pedir auxilio, que alguien lo ayude. En la autopsia, su cuerpo no solamente habla de ahogamiento, sino que habla de un montón de otras lesiones. Hay 22 lesiones descritas en el cuerpo. Habrá que dar explicaciones de cómo se produjeron estas lesiones", analizó Infante.

En cuanto a la autopsia realizada, Infante reconoce que se aplicó el protocolo Minnesota, pero que esta aplicación no se ve reflejada en el informe que se incorporó a la causa:

"Estamos esperando una ampliación de ese informe, que aparte tiene que haber sido respaldado por imagen, tiene que haber fotografías, tiene que haber radiografías. Se tomaron muestras para lo que se llaman pericias complementarias, la histopatológica, la toxicológica, y otra serie de pruebas a las que debe someterse, diferentes muestras que se toman del cuerpo", puntualizó Infante.

"La descripción misma de las lesiones no está hecha en la forma que corresponde, en el documento que actualmente está incorporado a la causa, por lo cual nosotros hemos pedido ya una ampliación de ese informe con carácter urgente a la Asesoría Pericial de Junín, que fue quien estuvo a cargo de la operación de autopsia", adelantó el director del Programa de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria.

Por último, Infante señaló que, aunque han pasado dos semanas desde el hecho, pero que en el expediente “hay elementos que ya debieron haber sido incorporados y valorado que todavía no están”:

"Son 10 en total los agentes que están en esta causa imputados. Cuando digo imputados es porque se les ha notificado la formación de una causa y se les ha hecho saber que se está investigando su responsabilidad en el marco de esta situación. No es una imputación formal, no se los ha citado todavía a tenor del artículo 308 prestar declaración indagatoria", analizó el abogado.

"La valoración de la evidencia acumulada, entendemos que nosotros debería hacer suficiente para que la Fiscalía pueda avanzar con las imputaciones y adoptar las decisiones que en ese carácter correspondan adoptar", señaló Infante.

"Una conducta que esperamos del Ministerio Público Fiscal que se está haciendo esperar más de la cuenta. Nosotros llevamos ya casi dos semanas desde el acontecimiento y hay elementos que ya debieron haber sido incorporados y valorados en nuestro juicio que todavía no están procesados desde el expediente. Entonces, estamos esperando que eso acontezca y que en consecuencia se avance en la imputación de las conductas ilícitas que evidentemente se han desarrollado en el marco de la situación negociadora, independientemente de la responsabilidad administrativa que actualmente le quepa. Lo que nos interesa es que la justicia penal avance en los pasos procesales que debe seguirse en el marco de una causa de esta naturaleza y de esta relevancia", concluyó Augusto Infante, director del Programa de Litigio Estratégico de la Comisión Provincial por la Memoria.

CB