Amplio respaldo en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires al proyecto impulsado por el Gobernador Daniel Scioli.

El próximo martes el proyecto ingresará al Senado de la Provincia para que este le de tratamiento.

La Senadora María Isabel Gainza interpretó que recién en febrero podría tener sanción definitiva, dado que la del martes es la ultima sesión de la cámara alta bonaerense.

Con el apoyo de la mayoría de los bloques que tienen representación parlamentaria, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, presidida por Horacio González, aprobó en la sesión de este jueves la implementación del instituto del Juicio por Jurados, un mandato constitucional pendiente de ejecución desde la reforma de 1994 y que tiene como principal fundamento acercar la participación popular a la Justicia.

A lo largo del debate se expresaron los diputados Iván Budassi, Rocío Giaccone, Franco Caviglia y Raúl Pérez, del Frente para la Victoria-Partido Justicialista; Marcelo Saín, de Nuevo Encuentro; Walter Martello, de Coalición Cívica; Juan Carlos Juárez, del Frente Amplio Progresista; Ricardo Jano, de Radicales del Pueblo; Mónica López, de Unión Celeste y Blanco; Marcelo Di Pascuale, de Pro Peronismo; y Jorge Solmi, de Proyecto Bonaerense. 

El proyecto aprobado establece que los ciudadanos integren jurados para emitir su veredicto en casos de delitos graves. Los vecinos podrán participar de un juicio integrando un tribunal que decidirá si el delito que se juzga se cometió o no, y si la persona juzgada es o no culpable. Con la nueva figura también se pretenden potenciar las garantías procesales del imputado, de conformidad con  la Constitución Nacional, los Tratados Internaciones de Derechos Humanos con jerarquía constitucional, la Constitución bonaerense y la mejor doctrina en la materia.

Según los fundamentos del proyecto girado por el Poder Ejecutivo, “la instauración del juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires apunta no sólo a reconocer la participación ciudadana en los asuntos públicos, sino que, a la vez, potenciará sin duda alguna el principio de publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en la administración de justicia”.