Habitar estos inmuebles es una obligación y un compromiso por parte de los beneficiarios, no sólo hacia el Municipio, sino hacia otras familias que también se encuentran en similar estado de necesidad. Por ello, los adjudicatarios de estas viviendas sociales tienen prohibido ceder, permutar, alquilar, vender ni prestar las mismas, tal como surge de las actas de tenencia que extiende el Municipio, señaló Amarante

El inmueble no esté escriturado sigue siendo un bien del Estado y la familia beneficiada con el mismo debe cumplimentar con la totalidad de las condiciones establecidas en el acta de tenencia; bajo apercibimiento de resultar desadjudicada y excluida de los listados de potenciales beneficiarios de viviendas sociales.

 Ante la aparición de repetidos casos en que se verificó el ofrecimiento por parte de inmobiliarias locales de estos inmuebles para su venta o alquiler, violando la normativa vigente, el Gobierno Municipal requiere de los profesionales martilleros y corredores inmobiliarios la estricta observancia de las leyes que rigen las viviendas sociales, a los fines de evitar los inevitables perjuicios a beneficiarios e interesados.

Una vez escrituradas las viviendas ya pueden entrar al mercado inmobiliario, señalo la funcionaria Celeste Amarante.

Esta situación no solo se están dando en los casos de compra ventas, sino también en casos de alquiler, cosa que también está prohibido

Se recuerda que las operaciones inmobiliarias relacionadas con inmuebles sociales carecen de validez legal alguna, y de ninguna manera resultan vinculantes para el Gobierno Municipal.