A través de la norma 1722/2012, publicada en el Boletín Oficial, Cristina pidió los predios que antiguamente estuvieron a cargo de la Dirección de Construcciones Portuarias y Vías Navegables.

"Los compañeros están decididos a no ser desplazados del lugar, hay una enorme incertidumbre. Quién le aconsejó a la Presidenta tomar esta decisión indudablemente tiene una cuota de ignorancia sobre el tema", aseguró al diario La Nación el titular del gremio de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmidt.

La custodia del lugar, señala el decreto, "permanecerá a cargo de sus actuales tenedores, quienes deberán garantizar su resguardo, integridad y disponibilidad" hasta que el ex Onabe (Agencia de Administración de Bienes del Estado) "haya procedido a la instrumentación de la transferencia dominial aludida".

En el lugar trabajan unos 400 operarios donde funciona la Escuela Nacional Fluvial y hay empresas, amarraderos y las oficinas de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables.

El secretario de Transporte, Alejandro Ramos, aseguró que la construcción del polo audiovisual no afectará ningún puesto de trabajo: “En ningún momento se solicitó el desalojo del predio. La Secretaría y la Agencia de Bienes del Estado vienen planificando una readecuación de los espacios, y en dicho marco se instruyó a iniciar las medidas”, aseguró el funcionario.