El objetivo es desarticular la industria del juicio montada a partir de los fallos de la Corte Suprema que declararon hace ocho años la inconstitucionalidad de varias artículos de la normativa vigente.

La iniciativa –que fue consensuada durante las últimas semanas en contactos reservados entre funcionarios del Ministerio de Trabajo, empresarios y sindicalistas– también fija que las indemnizaciones por accidentes de trabajo se actualizarán semestralmente en base a la evolución del índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables) y contempla la creación de un resarcimiento adicional equivalente al 20% de la indemnización original, tal como adelantó El Cronista en su edición del 23 de julio pasado.

La reforma fue oficializada ayer por Cristina en un acto en la Casa Rosada y constituyó un claro gesto hacia los principales sectores empresarios, que desde los fallos de la Corte de 2004 exigían una nueva ley que pusiera fin al denominado “cúmulo o doble vía”, de manera de ofrecer una mayor certidumbre sobre los costos de los accidentes laborales. “Ya no puede haber doble vía. No se le impide a nadie ir a juicio porque sería inconstitucional, por lo que cualquier trabajador puede ir a la Justicia Civil si no está de acuerdo con los montos (indemnizatorios) que se establecen”, dijo la Presidenta durante el acto del que participaron representantes de cámaras empresarias, de los gremios de la CGT antimoyanista y funcionarios del Gabinete nacional.

Cristina puntualizó que el proyecto fija una “opción excluyente”, en el sentido de elegir entre el cobro de la indemnización y la alternativa de un juicio, en la apuesta de “ir al meollo de la cuestión con la actualización de los montos para que ningún trabajador sea perjudicado y que sean cobrados rápidamente”. Y afirmó que decidió avanzar con “una ley corta” para evitar “un engendro inexplicable”, con lo que admitió haber desactivado el proyecto original elaborado por el ministro Carlos Tomada, que proponía una reforma integral del sistema de ART.

Además de la opción excluyente, la iniciativa que el Ejecutivo remitirá hoy al Congreso establece que los pisos y sumas fijas indemnizatorias se actualizarán semestralmente de acuerdo con la evolución del RIPTE, que en el último año registró un aumento superior al 32%. Al respecto, fuentes que accedieron al texto del proyecto explicaron que el valor inicial de las indemnizaciones surgirá de sumar al actual piso de $ 180.000 el retroactivo correspondiente al aumento que registró el RIPTE desde enero de 2010. De esa forma, el piso indemnizatorio para el caso de fallecimiento del trabajador accidentado trepará a $ 500.000. A eso se agregará la nueva indemnización por daño moral, que será equivalente al 20% del resarcimiento por lucro cesante y grado de incapacidad.

Según calculó la propia Presidenta durante el anuncio, las modificaciones incrementarán en más de un 155% los montos indemnizatorios actuales y representarán para las empresas un aumento del 19,7% en el valor de las alícuotas que pagar a las aseguradoras del sistema. Sin embargo, aclaró que parte de esos mayores costos serían compensados por la rebaja de las comisiones de las ART y por una eventual menor litigiosidad del sistema.

Asimismo, se estableció en el proyecto que las ART tendrán un plazo máximo de 15 días para abonar los resarcimientos correspondientes a los trabajadores siniestrados o sus familias.
Por otra parte, la iniciativa del Gobierno también atendió a los planteos sindicales que exigían la continuidad de la cobertura por accidentes in itinere, es decir aquellos que se producen durante el traslado de los trabajadores a sus respectivos empleos.

En ese sentido, se contempla que las indemnizaciones por ese tipo de siniestros también se actualizarán cada seis meses por el RIPTE, aunque no se incorporan resarcimientos adicionales por reparación integral.
El proyecto también se propone como objetivo profundizar en la regulación del mercado de aseguradoras, para lo cual fija un límite del 20% para los gastos no prestacionales o comisiones que las ART cobran a las empresas. “Vamos a controlar más de cerca a las ART”, justificó Cristina en su discurso, y explicó que las aseguradoras también serán responsables junto con las empresas en las demandas por vía civil.

Durante el anuncio de la iniciativa, la Presidenta cuestionó duramente la industria del juicio montada sobre los fallos de inconstitucionalidad de la Corte y la actuación de los abogados que litigan en el sistema, a quienes comparó con los personajes de la película “Carancho”. Al respecto, informó que en un intento por terminar con ese sistema el proyecto elimina los llamados pactos de cuota litis y fija un tope del 25% a los honorarios de los letrados. “Antes (los honorarios se fijaban en porcentajes de entre 35 y 40%, aunque llegó en casos al 50%”, apuntó.

Cristina defendió la iniciativa con el argumento de que busca “proteger los intereses de los trabajadores”. Luego de los fallos de la Corte, la cantidad de juicios iniciados anualmente contra el régimen de riesgos del trabajo paso de 2.947 demandas en 2003 a 67.971 estimadas para 2012
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