Manifestó “que la Defensoría desde el minuto 1 tiene el tema como una prioridad “y “  que estos aumentos son irracionales y desproporcionados “, por lo tanto, están acompañando a los ciudadanos.

También se iniciaron medidas judiciales de carácter colectivo para que los jueces tomen medidas de alcance general.

Una de ellas fue aprobada y es un planteo con sentencia 21 de mayo  que ordena a las prestatarias que se abstengan a cortar el servicio de gas por falta de pago.

 Esa medida tiene vigencia de 90 días por lo que sigue vigente.

Ahora están trabajando caso por caso porque a mucha gente en Olavarría a la que  se les está cortando el servicio.

Esta sentencia tiene alcance nacional pero muchas prestatarias alegan diferentes razones como que no fueron por ejemplo notificadas, ante esto el juez ratifica que no se puede cortar y obliga a la empresa a hacer un procedimiento previo al corte para acreditar que el ciudadano está en situación de vulnerabilidad.

Hoy hay aproximadamente  20  cortes diarios y desde la prestadora interpretan como vulnerables a los que tienen tarifa social.

Dijo que a interpretación de la Defensoría esto no es así porque mucha gente se ha quedado sin trabajo y otras situaciones particulares se dan para que se de la vulnerabilidad.

Ahora se está trabajando caso por caso para que se de la re conexión inmediata.

Si los cortes son ilegales o contrarios a la definición judicial puede haber multas de 1000 y hasta 100 mil pesos.

La gente puede acercarse a Alsina 2643 de 7.30 a 13 y se los atiene de forma presencial y se hace una presentación formal por escrito.

Quienes no superan los dos salarios mínimos vital y móvil pueden solicitar una tarifa social pero desde la defensoría alegan que muchas veces sin estar en esa situación igual se dan situaciones de vulnerabilidad.