Aguilera dijo que la propuesta “surge producto de algunas reuniones con el Colegio de Farmacéuticos del partido de Olavarría que ha expresado la preocupación por la posible llegada o avance de la cadena de farmacias Farmacity”.

Se ha elaborado una ordenanza donde se pueda regular la actividad farmacéutica, conforme la ley provincial .

La ley 10606 es la que está vigente y regula la actividad farmacéutica, recordó el edil

El problema que se suscita es que si ingresa Farmacity se estarán violando muchísimos artículos de esta ley, de acuerdo con el análisis de Aguilera

 “Por eso hay un litigio judicial”. Y analizó el trasfondo político

 “ Esta cadena de farmacias que se rige por la leyes del mercado y no de salud pública, ha intentado ingresar a la provincia de Buenos Aires, sobre todo desde el 2011

“Desde ese año hasta 2015, Farmacity perdió en todas las instancias judiciales”, manifestó

Desde el 2016, vuelve a resurgir el tema. Desde la Procuración de la nación, hubo un fallo que le abre la puerta a esta cadena de farmacias para ingresar a territorio bonaerense. y es ahí donde se suscita el mayor conflicto”.

No respeta la ley vigente y la Constitución nacional, porque utiliza la actividad farmacéutica con una visión netamente comercial, por el tipo de productos que se venden

Tampoco se respeta la cantidad de farmacias que pueden existir  , según la cantidad de habitantes.

También observó lo relacionado con las denominaciones de las farmacias

“En Olavarría cada farmacia tiene un nombre y un apellido concreto, eso es porque está regulado. La ley prohíbe que se  utilicen nombres figurativos”

“Lo que hace la cadena es todo lo contrario, ubicarse en el territorio y diseminarse con un nombre figurativo”

Describió algunos puntos del proyecto de ordenanza.

 Que haya una farmacia cada 3 mil habitantes y que entre farmacia y farmacia la distancia no sea menor a 300 mts. Y que se anuncien con la denominación con la que fueron autorizadas.

 También  establece la prohibición de la utilización de letreros que indiquen una cadena de farmacias.

Aguilera expresó que este proyecto pretende resguardar no sólo el derecho de los farmacéuticos, sino también salvar la actividad por tener un fin de salud pública, más allá del aspecto comercial