A continuación transcribimos la misiva enviada a los medios de comunicación.

Escribimos estas líneas públicas para contarles nuestro caso, puede pasarle a cualquiera, y además están en juego fondos y recursos de  la comuna.

Somos el famoso caso "Donald Trump", una familia que compró un terreno lo escrituró, contrató un arquitecto, hizo los planos de mensura correspondientes, pagó los derechos de construcción y, con los planos aprobados,  diez meses después el municipio con un decreto muy "particular", los derrocó.

Los funcionarios que nos aprobaron los planos son: Ing Estela García, Directora de Catastro, Ramiro Bravo, Dirección de Obras Particulares, y Gastón Acosta, Secretario de Economía y Hacienda. Los nombramos porque nos gustaría saber una explicación de ellos o sus superiores al respecto, ya que son el sistema de control que tiene el municipio.

Ellos y nosotros sabíamos que la calle estaba mal trazada y corrida de eje, como puede ver cualquiera a través del sistema de Arba, o google earth, y las medidas de la calle fueron chequeadas por agrimensor junto a un plano de mensura que nos pidieron presentemos, anteriormente a la aprobación del plano.

Cuatro meses después como veíamos que no acomodaron la calle, fuimos a hablar y elevamos una carta a Obras Particulares, que fue respondida con el cierre, según el plano de mensura presentado. Esa carta la respondió el Ingeniero Walter Gastón García, Obras particulares.

Tres meses más tarde, nadie acomodaba la calle, empezamos y los vecinos comenzaron a quejarse e iniciaron una medida cautelar en el juzgado de Azul, contra el municipio por falta de respuesta de varios funcionarios. Nosotros contratamos un abogado, presentamos la documentación y, finalmente, el juez dictaminó que el municipio pague las costas.

Pero ese no fue el único gasto de la comuna, también tuvimos un patrullero durante 20 días, jornada completa, contemplando una zanja.

Nuestra postura, pese a todo, siempre fue la del diálogo e intentamos hablar en este tiempo con varios funcionarios del Ejecutivo y también del Deliberativo.

Ernesto Cladera, próximo Secretario de Gobierno y José Luis Arguiñena concejal de Cambiemos, ambos, arquitectos muy entendidos en el tema, que trataron de solucionar el problema tanto a nosotros como al municipio, ya que con estas medidas arbitrarias, a lo único que se expone la Comuna es a un juicio de muchísimo valor (aprobar un plano y 10 meses después derrocarlos con una casa ya construida, no es gratuito).

Por ende, Cladera y Arguiñena, hablaron con el señor Intendente, quien estaba de acuerdo con el planteo, con Legales del municipio, obras particulares, obras públicas y coordinaron con el Secretario, el Arquitecto Ferraro, una nueva propuesta de trazado de calle. Ferraro le pidió a un agrimensor que haga este trabajo, ese plano se lo mostraron a los vecinos, hablaron con ellos, medimos nuevamente nuestro terreno y arrancamos con las nuevas medidas.

En el día de ayer (martes 2) Julio Ferraro envió a empleados municipales a meterse en nuestra propiedad (lo cual es un delito) y derribar 3 postes de alambrado, el mismo funcionario que pidió el nuevo trazado de calle. Esto está asentado en un acta notarial.

Lo raro también es que ese mismo funcionario tiene varias edificaciones que constan en el colegio de arquitectos con terrenos con las mismas características que el nuestro y nunca tuvo ningún tipo de  inconveniente. En el mismo barrio, a pocos metros, hay hoteles, casas quintas, concesionarias, en calles con las mismas dimensiones. Salvo que Ferraro pretenda demoler medio barrio, es una postura muy rara y arbitraria. También nos gustaría una explicación de eso.

Hay vecinos que tienen ocupado más de 2 metros de vía pública con plantas, o arboles que no son permitidos para vereda y tampoco vemos que se haga ningún tipo de acta, ni que corten las plantas de la misma manera que a nosotros nos derriban los postes (Estos datos figuran en los informes que están en el expediente y ellos mismos mandaron a pedir).

Son muchas explicaciones que todavía tienen que dar, de manera privada ante la Justicia y, públicas, porque acá cometieron un error muy grave los funcionarios que firmaron el plano o la funcionaria de Planeamiento, Lucila Carlos que fue quien elevó un informe con el que hicieron el decreto, o Ferraro con los patrulleros, o Cladera, autorizado por el Intendente intentando solucionar y salvaguardar el bolsillo de todos.

Por favor Señor intendente, resuelva esta situación con suma urgencia por el bien de todos. Tenemos una nena de 2 años y necesitamos mudarnos.

Firman: los propietarios de este calvario.