Afirmó que la ley busca que haya un espacio de la participación comunitaria, en caso de los reclamos sanitarios que pueda haber, incluso, con el conocimiento del Ministerio de Salud.

El principio activo, afirmó Basterra, queda con seguridad que ha sido prescripto de manera correcta y además, se determinan los riesgos y como proceder ante la ocurrencia de algún incidente.

Afirmó que el proyecto viene a sumar un alto control de la sociedad.

También afirmó que se crea un registro, donde el vendedor debe dejar asentado quien compra el producto.

Respecto a la aplicación de los productos, el legislador afirmó que está más relacionada con la potestad de las provincias.

Desde el momento que se adquirió el producto, hasta que se dispone del envase, desde el nivel nacional se pueden determinar presupuestos mínimos, en los que luego los distritos provinciales deben volver a legislar sobre eso.

Agregó que son las provincias las que deben ocuparse del marco regulatorio más fino, debido que por la Constitución, son ellas las encargadas del territorio.

La idea es que en una tercera etapa se adapten a la regulación mínima nacional.

Reconoció que esto será lo más complicado, porque hay muchos intereses económicos y hay que buscar la preservación de la salud humana ante todo.

Esto se logra usando el producto como la ciencia dice que debe ser aplicado.