La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se reunió el pasado miércoles con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien destacó el trabajo del organismo en la defensa de los derechos humanos. La comitiva, encabezada por sus presidentes Adolfo Pérez Esquivel y Víctor Mendibil, le entregó personalmente el décimo informe anual sobre el sistema de encierro y políticas de seguridad, y solicitó nuevamente el reconocimiento legal como mecanismo local de prevención de la tortura. También formaron parte del encuentro los vicepresidentes de la CPM, Mauricio Tenembaum y Elisa Carca, el secretario Roberto Cipriano García, los miembros Víctor De Gennaro y Ernesto Alonso, el miembro por el Senado, Marcelo Dileo, la directora general, Sandra Raggio, y la directora administrativa, Valeria Corfiel.

Durante la reunión con María Eugenia Vidal, la Comisión Provincial por la Memoria expuso las conclusiones del Informe Anual 2016 en donde se advierte una vez más sobre el agravamiento de las condiciones de encierro y el colapso del sistema penal: las cárceles están sobrepobladas, presentan altos índices de hacinamiento y es sistemática la práctica de la tortura. A esto se suma el incremento de las prácticas arbitrarias e ilegales de las fuerzas de seguridad en su estrategia de saturación territorial.

Las graves violaciones a los derechos humanos que se desprenden de esta política punitiva obligan al Estado a implementar, de manera urgente, políticas públicas que reviertan este estado de situación. En ese sentido, los miembros de la CPM requirieron el acompañamiento de la gestión actual para la aprobación de la ley donde se designa al organismo como mecanismo provincial de prevención de la tortura, ya que su creación es una deuda pendiente de gran relevancia en la lucha por el mejoramiento de las condiciones del sistema de encierro.

Con la premisa de lograr cambios estructurales en las políticas de seguridad y penitenciarias, el organismo insistió en la necesidad de cambiar la orientación de la política criminal que persigue y encarcela a los sectores pobres de la sociedad que intervienen en las cadenas más débiles del delito. En ese marco, la CPM también planteó la urgencia de bajar los índices de prisionización pues de lo contrario el hacinamiento en las cárceles seguirá en aumento sin que esto signifique una disminución del delito y la inseguridad.

Por otro lado, el organismo insistió en el pedido de desplazamiento del cargo del actual jefe del Servicio Penitenciario, Fernando Díaz, imputado en una causa de corrupción en curso por irregularidades en la compra de alimentos en el Servicio Penitenciario Federal cuando se desempeñaba como auditor. Al mismo tiempo, solicitó que se disponga una auditoría externa para revisar las compras de alimentos que están en curso en la Provincia con el fin de transparentar este procedimiento.

Tras la presentación de las conclusiones por parte de los miembros del organismo, la gobernadora agradeció el aporte del Informe para la discusión de políticas públicas en materia de seguridad, valoró la labor de la CPM como organismo de control y monitoreo de los lugares de encierro, se comprometió a gestionar la aprobación del proyecto de mecanismo y adelantó que en los próximos días se presentará un proyecto de reforma estructural del SPB.

En ese sentido, si bien se remarcó que aún están pendientes estos cambios, la CPM señaló que ha sido un gran avance separación de asuntos internos del SPB y el accionar que lleva adelante la Auditoría de asuntos internos del Ministerio de Seguridad.

Finalmente, la gobernadora María Eugenia Vidal destacó todas las tareas desarrolladas por la CPM en la promoción y defensa de los derechos humanos, y valoró particularmente la experiencia del programa Jóvenes y Memoria que, desde hace 15 años, reúne a miles de jóvenes de escuelas y organizaciones sociales, políticas y culturales de la Provincia.