Concretamente el proyecto propone mediante la modificación del artículo 18 de la Ley 12.569,  la creación de un registro de las víctimas de femicidio, dentro del ámbito común de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense y la Procuración General.

“La necesidad de contar con un registro que proporcione información sobre lo que sucede en la materia en todo el territorio provincial es fundamental para la implementación de cualquier política pública eficaz, es imprescindible contar con información acerca de la problemática que se aborda”, aseguró Vitale.

La gravedad de este flagelo social en nuestro país es de público y notorio conocimiento siendo que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires se perpetra un femicidio cada treinta horas.

En este sentido, el legislador provincial advirtió que hasta la actualidad no se cuenta en la provincia de Buenos Aires con datos específicos sobre la materia, siendo que inclusive los relevamientos que realiza el Ministerio de Salud, toman la información de los medios o de organizaciones sociales como La Casa del Encuentro.

“La ausencia de información oficial sobre el tema contribuye al agravamiento del problema puesto que las soluciones o propuestas que se realizan no parten de una evaluación adecuada de la problemática”, afirmó el senador Vitale.

Si bien el Ministerio Público es uno de los organismos que podría proporcionar información oficial al respecto, no obstante, los informes estadísticos anuales que emite, no desagregan por género los datos sobre delitos dolosos, ni contienen referencias a la temática de género y violencia familiar.

En este sentido, Vitale afirmó que resulta “indispensable entonces ocuparnos en primer término de contar con información fidedigna, que permita evaluar la situación desde una perspectiva objetiva”.

Teniendo en cuenta el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, el senador agregó que “es necesario contar con un registro que releve y sistematice la información siguiendo parámetros de los organismos internacionales de Derechos Humanos que trabajan sobre esta problemática, en el sentido que lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya metodología se propicia imitar en lo pertinente”.

El proyecto de ley contempla el relevamiento de datos cuantitativos y cualitativos; los registros sociodemográficos de las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia especificando, como mínimo, edad, estado civil, profesión u ocupación de la persona que padece violencia, así como del agresor; vínculo con el agresor, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas y sus resultados, así como las sanciones impuestas al agresor.

El acceso a los registros requerirá motivos fundados y previa autorización judicial, garantizando la confidencialidad de la identidad de las partes.

La Suprema Corte de Justicia elaborará anualmente informes estadísticos de acceso público que permitan conocer, como mínimo, las características de quienes ejercen o padecen violencia y sus modalidades, vínculo entre las partes, tipo de medidas adoptadas y sus resultados, y tipo y cantidad de sanciones aplicadas para el diseño de políticas públicas, investigación, formulación de proyectos y producción de informe en el marco de los compromisos contraídos con organismos de seguimiento, monitoreo de tratados, convenciones, y otros instrumentos referidos a la materia.

El citado proyecto lleva el acompañamiento de los senadores que integran la bancada del Bloque PJ.

Antecedentes

Se recuerda que en esta materia, en el mes de marzo del año 2015, el senador Héctor Vitale, presentó un proyecto de ley que busca la creación Cuerpo de Abogados de Defensores de la Víctima, que actualmente se encuentra en la Comisión de Legislación del Senado para su tratamiento.

La iniciativa de la creación de este Cuerpo de Abogados, en el ámbito del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, tiene por objetivo acompañar y representar a las víctimas en los procesos penales en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.

En este marco, los abogados defensores de víctimas podrán actuar en procesos de delitos de acción pública, cuyo máximo de pena superen los tres años prisión o reclusión, en delitos que se encuentren relacionados con la violencia de género. En estos casos se le hará saber a las víctimas que en caso de no disponer de recursos, el estado le designará un abogado defensor.