El día viernes 12 de febrero, representantes de los Centros de Estudiantes de Sociales, Salud e Ingeniería de Olavarría, junto a la presidenta de la Federación Universitaria del Centro de la Provincia de Buenos Aires (FUCPBA), mantuvieron una reunión junto a representantes de las empresas que tienen a cargo el servicio de transporte público en la ciudad (Nuevos Bus y Ola Bus), el representante del sindicato de choferes y funcionarios del gobierno municipal, con la presencia del subsecretario de recursos públicos, Hilario Galli, además de representantes de la Dirección de Juventud.

El encuentro se realizó en el Salón Municipal Rivadavia y formó parte de una serie de reuniones que los estudiantes vienen teniendo con el gobierno municipal con el objetivo de discutir la implementación de la Tarjeta Estudiantil de Olavarría (TEO), tarjeta que nació a partir de un decreto firmado a principios de 2014 por la anterior gestión que sanciona el boleto gratuito estudiantil.

Desde su implementación, la tarjeta TEO ha sido eje de controversia, ya que las empresas y el municipio desde el inicio argumentaron un uso “abusivo” de la misma, basado en percepciones y sin datos concretos que avalen este argumento. Nos seguimos preguntando, ¿Cómo se logra hacer un uso abusivo del servicio de transporte público?

Dada la circunstancia, la reciente gestión municipal (Cambiemos) llamó a la comunidad estudiantil, incluidos los niveles primarios, secundarios y terciarios, para dialogar y poder llegar a un acuerdo que reduzca los conflictos entre “usuarios y empresa”.

Luego de dos primeras reuniones, se llegó a tomar una decisión respecto a estudiantes primarios y secundarios que implica la limitación de la TEO a una determinada cantidad de boletos.

Por su parte, los estudiantes universitarios participaron en una tercer reunión el día miércoles 10 de febrero donde en conjunto los tres centros de estudiantes plantearon la necesidad de que la TEO continúe implementandose como hasta el momento, ya que ante el reclamo de las empresas y la postura del municipio de “regular y controlar”, no se podía elaborar una propuesta que, por un lado se base en números a los cuales ni los estudiantes ni el conjunto de los ciudadanos tienen acceso, y por otro lado, que conlleve a una limitación de un derecho sobre la base de prejuicios alrededor del estudiante universitario.

Finalmente, el día 12 de febrero, los representantes estudiantiles volvimos a expresar nuestra posición sobre el derecho al acceso al transporte público y exigimos que el gobierno municipal adopte una política concreta en materia tal, para evitar posibles grandes aumentos que afecten directamente al trabajador como así también poder seguir garantizando el derecho de los estudiantes a un boleto gratuito.

El movimiento estudiantil organizado, desde la sanción del decreto en el año 2014, ha demandado participar de las instancias de debate sobre su implementación para discutir esta problemática que atañe no solo a los estudiantes, sino a la sociedad en general. Es por esto que celebramos los sucesivos encuentros que se han mantenido tanto con las autoridades municipales como con las empresas de colectivos.

Nunca dejamos de lado nuestros reclamos por un transporte público de calidad y creemos que el trabajador no se debe amortiguar con el valor del boleto único la gratuidad del boleto Estudiantil, sino que las autoridades municipales deben velar por este derecho que se ha conseguido, asegurando que la comunidad no pague el costo de un logro que implica una lucha histórica dentro del Movimiento Estudiantil