Dicho gobernador, aliado del Frente Cambiemos, denunció de manera arbitraria el acampe  que se realizó el 14 de diciembre de 2015 en la capital jujeña. Allí, con total respaldo de la Constitución Nacional, la Organización Tupac Amuru de Jujuy reclamó diálogo sobre los planes sociales y pidió garantías para la continuidad de las cooperativas de construcción de viviendas.

Ejercido el derecho constitucional de manifestarse en forma pacífica, y amparada por el art 13 de la Convención Americana sobre DDHH (‘’Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión’’), la detención de la Compañera Sala cercena el derecho a manifestarse y expresarse. Sin perjuicio de lo anterior, es preciso recordar que la señora Sala es una representante del Parlasur y no sólo se le desconoció dicha autoridad, sino que sufrió la violación de los derechos y libertades individuales,  condición que genera una persecución política en territorio nacional. En este sentido ya se posicionaron organismos internacionales, como son el caso de Amnnistía Internacional y el Parlamento de la Unión Europea, el cual, por medio de una carta al Presidente Mauricio Macri, planteó el ‘’rechazo y preocupación’’ por la detención de Sala, estableciendo ‘’una clara violación de los derechos humanos en Argentina”.

 Se trata de una medida judicial arbitraria, ilegítima, fundada en delitos con definiciones vagas que no posibilitan a los individuos que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado argentino identificar cuáles son las conductas delictivas y cuáles no. En este sentido, la detención de la líder de Tupac Amaru puede ser la antesala para la encarcelación injusta de otras personas que decidan manifestar su descontento con alguna medida tomada por la coalición CAMBIEMOS, pues parece que cualquier conducta queda incluida en torno a los delitos que se le imputaron. Además, los delitos imputados resultan excarcelables.

La falta de legalidad, constitucionalidad y procedimiento judicial en el arresto de la Compañera Sala dan muestras de que tanto la Justicia de Jujuy, como el ejecutivo provincial y el gobierno Nacional sostienen actitudes de persecución política e ideológica frente a una representante no sólo Parlamentaria sino de una Organización Barrial que vela por el bien común de sus ciudadanos. Lo alarmante  es que procedimentalmente se violaron todas las garantías que cualquier habitante del territorio Nacional puede tener, dejando expuesta la incertidumbre civil frente al hecho, y lo que pueda ocurrir de ahora en más.

Pareciera que la condición de ser adherente a un proyecto político determinado, ser mujer, provinciana y de tez oscura la ubica en desigualdad de condiciones frente a la justicia, al gobierno de la provincia de Jujuy, el ejecutivo nacional y lamentablemente ante cierto sector de la prensa y la opinión pública.

El ajuste del estado y sus miles de trabajadores despedidos, la clara censura de comunicadores y la política en los medios públicos, el accionar de las fuerzas de seguridad frente a los reclamos populares, y la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores producto de la políticas inflacionarias adoptadas, no son medidas aisladas, sino que reflejan el rumbo elegido por el actual Presidente Mauricio Macri provocando un saldo absolutamente negativo para el conjunto del pueblo argentino.

                             PARTIDO JUSTICIALISTA OLAVARRIA

César Valicenti – Consejero Provincial

Federico Aguilera- Secretario General

Pablo Alderete-  Secretario de Adoctrinamiento

Gustavo Monforte – Secretario de DDHH