Si bien estaba pautada para las 9,30, la reunión donde quedó sellado este acuerdo, comenzó minutos antes de las 11.

La demora se dio por las negociaciones de entre la fiscalía, la defensa, el sindicato y el Instituto de la Vivienda, para lograr el desalojo pacífico de las familias que habitan ilegalmente en las casas.

La audiencia, finalmente, se pospone hasta el día 2 de septiembre, debido a que hay chances que algunos de los 11 imputados sean condenados a una “probation” o tareas comunitarias, pero desde el Ministerio Público, no se iba a firmar una resolución de esas características con el delito de usurpación en progreso.

El subadministrador del IVBA, José Gervasio González Hueso, dialogó con LU32 y se mostró conforme con el desalojo pacífico, aunque el mismo será en los tiempos judiciales y no en lo que el Instituto esperaba.

La desocupación de las cinco viviendas que permanecen con familias tiene dos plazos: tres meses, que pueden prorrogarse por tres meses más, según la disposición de la Dra. Desiata, jueza en lo correccional de la ciudad.

González Hueso señaló que en el acuerdo se viene trabajando desde hace meses, tanto en el fuero civil como penal.

Agregó que en el acuerdo hay una clausula que permitirá a veedores del Instituto ingresar a las viviendas usurpadas, a observar el estado, para ver cuáles obras extras se necesitarán para avanzar en su construcción.