A través de una solicitud de informes, la legisladora de la CC-ARI quiere saber qué estudios y peritajes se han realizado desde que se produjo la última gran inundación en agosto de 2012 para conocer causas y consecuencias del fenómeno. Y también Gainza quiere conocer qué obras hidráulicas se concretaron desde entonces.

En sus fundamentos, la iniciativa plantea que “dada la sucesión de graves situaciones a la que se vio expuesta la población ante los múltiples trastornos generados por los eventos del pasado año en su vivienda, economía, educación, salud y transporte; y ante el alto grado de previsibilidad que los analistas especializados le asignan al aumento de precipitaciones en el mes de agosto es que resulta indispensable preservar la tranquilidad de estos habitantes con el establecimiento y la difusión de las acciones que se hayan concretado en pos de salvaguardar su calidad de vida, sus bienes y la dinámica productiva y social en la que se hallan insertos. Asimismo, la información aquí solicitada servirá para determinar las acciones de refuerzo con que se pueda contribuir al logro de los objetivos planteados”.

Es que si bien hay eventos de extrema gravedad que resultan inevitables –tornados, precipitaciones desmesuradas, terremotos- existen otras circunstancias que tienen a la Naturaleza como actriz de reparto, en los que el lamentable protagonismo en las causas del daño recae, por ejemplo, en la falta de canales de escurrimiento apropiados, de obras de infraestructura básicas, de códigos de planeamiento idóneos, de entrenamiento de la sociedad en la cultura de la autopreservación, de planificación de sistemas de evacuación, o aún, de una adecuada disposición de residuos.